Ante la interrupción en la entrega de medicamentos y en la prestación de servicios de salud que afecta a 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el departamento, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, lidera un frente institucional con los entes de control para exigir soluciones inmediatas, verificables y sostenibles, que garanticen el derecho fundamental a la salud de la población.
Desde el pasado 20 de diciembre de 2025, los usuarios, especialmente pacientes crónicos, trasplantados, oncológicos y personas con enfermedades de alto riesgo, han visto interrumpidos sus tratamientos por la suspensión de la dispensación de medicamentos, situación que ha generado una alerta sanitaria en todo el departamento sumándose a la crisis nacional.
Frente a este escenario, la Gobernación del Atlántico convocó este miércoles, de manera urgente, una mesa de trabajo interinstitucional en la sede regional de la Superintendencia Nacional de Salud, que sirvió como garante, con la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital de Barranquilla y directivos de la Nueva EPS, con el objetivo de exigir respuestas inmediatas y establecer compromisos concretos para superar la crisis.
SITUACIÓN QUE NO ADMITE DILACIONES
El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, señaló que la problemática ha superado cualquier nivel de tolerancia institucional. “Lo que antes era una excepción hoy se ha convertido en la regla general: no hay entrega de medicamentos. Un paciente con cáncer, un trasplantado o una persona con diabetes no puede esperar un fin de semana ni un trámite administrativo. Estamos hablando de la vida de las personas. Por eso exigimos un plan de contingencia inmediato, serio y operativo, que será evaluado rigurosamente por la Secretaría de Salud y los entes de control”, aseveró.
De acuerdo con información suministrada por la Nueva EPS durante la reunión, la crisis obedece a una severa iliquidez financiera y a embargos judiciales, que derivaron en una deuda aproximada de $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, situación que provocó el cierre de los puntos de dispensación desde finales de diciembre en todo el departamento.
